Tema material

Seguridad y Derechos Humanos

Información asociada

El Grupo EPM es consciente de la importancia que tiene el abordaje preventivo en Derechos Humanos como parte del desarrollo de sus estrategias de seguridad. Por ello y como principio empresarial, se adelantan de una manera cuidadosa las gestiones para asegurar la protección de las operaciones, empleados y bienes, tanto en las acciones desarrolladas por agencias de seguridad privada, como aquellas que se derivan del cumplimiento de convenios con la fuerza pública, en los casos en los que estos se establecen, de acuerdo con la normatividad del país en el que se desarrolle la operación.

Desde su política institucional de DDHH la organización establece: “incluir en los contratos y convenios de servicios de vigilancia y seguridad con firmas privadas y organismos de seguridad del Estado, explícitamente compromisos de respeto y promoción de los Derechos Humanos. En ningún caso se aceptará la prestación de estos servicios por parte de actores sociales que estén por fuera del marco constitucional y legal”.

EPM en calidad de miembro del Comité Minero Energético, iniciativa multiactor colombiana, acoge y aplica lo dispuesto en los Principios Voluntarios, que proponen pautas de actuación para las empresas en la relación con la fuerza pública, las agencias de seguridad privada y con la sociedad civil, en el desarrollo de sus operaciones de seguridad.

Con el fin de hacer un seguimiento continuo a las operaciones en sus zonas de influencia, la organización ha dispuesto medios para atender quejas y reclamaciones de las comunidades. A través de estos se monitorea entre otros asuntos, la gestión de los contratistas de seguridad.

Gestión en 2017

EPM inició en 2017 la elaboración de un protocolo para regular las acciones de respuesta institucionales frente a eventos de protesta social que involucren vías de hecho. De esta manera se busca proporcionar un marco de actuación a las empresas nacionales del Grupo EPM para la atención integral y oportuna de estas situaciones, articulando las respuestas desde los diferentes niveles de la organización, dentro de un marco de respeto por los Derechos Humanos.

El protocolo para eventos de protesta social con vías de hecho se encuentra en etapa de validación y homologación con diferentes áreas de la organización que pueden verse involucradas en este tipo de situaciones. Retoma conceptos de los Principios Rectores de Naciones Unidas para la implementación del marco Proteger, Respetar, Remediar, así como los Principios Voluntarios que orientan las prácticas de seguridad empresarial de una manera respetuosa frente a los Derechos Humanos. Asimismo, parte importante de los insumos que incorpora en su alcance son consensos desarrollados en el seno del Comité Minero Energético (CME), alianza entre el Gobierno Nacional, la sociedad civil y el sector privado para el estudio, reflexión y recomendación de prácticas de DDHH en lo relacionado con la operación en temas de seguridad, del cual EPM ha venido participando.

Una decisión relevante en materia de seguridad tiene que ver con el desarme del personal contratista de seguridad. Como política de la organización, se determina el esquema óptimo en función de la amenaza identificada en la seguridad física y de las instalaciones. Con este análisis se determina qué instalaciones deben contar con vigilancia armada. Hoy el 79 por ciento de los guardas de seguridad no utilizan armas de fuego en sus operaciones.

En territorios con presencia de conflicto armado se recomienda la vigilancia no armada, para evitar situaciones que pueden conllevar impactos a los Derechos Humanos del personal de vigilancia privada y de la comunidad con ocasión del porte de dichos elementos.

Durante 2017 EPM suscribió convenios con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Su fin fue la asistencia técnica operativa para fortalecer las condiciones de protección y seguridad requeridas en las instalaciones, infraestructura y actividades asociadas a la operación. En los convenios se incluyó explícitamente la obligación de “ser respetuosos de los tratados internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario suscritos por el estado colombiano, promoviendo su preservación y defensa”.

Es importante resaltar que el carácter de los convenios que se suscriben con la fuerza pública colombiana es de cooperación y que no es potestad, ni está dentro de las competencias de EPM dar instrucciones de operación a los miembros de la Policía o el Ejército. Sin embargo, acogiendo las recomendaciones del Comité Minero Energético, la organización ha puesto un énfasis explícito en enmarcar en el respeto permanente de los DDHH las operaciones derivadas de estos acuerdos. Con este fin, además de incluir recomendaciones específicas en los convenios, la organización propicia espacios permanentes de seguimiento y análisis con personal de seguridad y comandantes de los distritos de policía y comandantes de batallón de la zona en las que se tiene presencia con la operación. En la estructura de los convenios el personal adscrito al Ejército, Policía y Fiscalía recibe formación de DDHH en capacitaciones permanentes y presenciales con instructor y formación propia de cada una de las instituciones.

Como aspecto importante en la estructura de los convenios con la fuerza pública, se estipula que para su desarrollo, las instituciones deben actuar bajo los parámetros de la Constitución Política y los tratados internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario suscritos por el Estado de Colombia.

Sobre las operaciones de las empresas de seguridad privada, EPM exige a los proveedores del servicio el cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes en Colombia, en especial, la regulación expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, incluyendo la revisión de los antecedentes del personal empleado por las firmas contratistas.

Durante el 2017 se contrató a las firmas Colviseg, Interglobal y G4S para los servicios de vigilancia y monitoreo de medios tecnológicos en todas las sedes de la empresa, para lo cual se emplearon un total de 1,557 guardas, de los cuales el 93% recibió formación en Derechos Humanos durante el proceso de inducción. Sin embargo, la cobertura en este tema se considera del 100%, pues es requisito en la contratación que la empresa de vigilancia lo incluya como parte de las capacitaciones que realiza a todo el personal y que son objeto de seguimiento permanente.

Con el fin de hacer un seguimiento continuo a las operaciones en sus zonas de influencia, la organización ha dispuesto mecanismos de quejas y reclamos atentos a Derechos Humanos. A través de estos se monitorea la gestión de los empleados de contratistas de seguridad. Durante el período reportado no se presentaron quejas asociadas a esta labor.

Personal de seguridad capacitado en DDHH
EmpresaPersonasHoras
EPM1,4609
ESSA6812
EDEQ508
CHEC109304
Fuente: Vicepresidencias Suministro y Servicios Compartidos y T&D

Palabras Claves

Comité Minero Energético, Convenios con fuerza pública, Formación en DDHH, Principios voluntarios, Vigilancia privada, Seguridad, Servicios vigilancia,
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