Tema material

Seguridad y Derechos Humanos

Información asociada

El Grupo EPM es consciente de la importancia que tiene el abordaje preventivo en Derechos Humanos como parte del desarrollo de sus estrategias de seguridad. Por ello y como principio empresarial, las gestiones para asegurar la protección de las operaciones, empleados y bienes se adelantan de una manera cuidadosa en la materia, tanto en las acciones desarrolladas por agencias de seguridad privada como aquellas que se derivan del cumplimiento de convenios con la fuerza pública colombiana.

Desde su política institucional de DDHH la organización establece: “incluir en los contratos y convenios de servicios de vigilancia y seguridad con firmas privadas y organismos de seguridad del Estado, explícitamente compromisos de respeto y promoción de los Derechos Humanos. En ningún caso se aceptará la prestación de estos servicios por parte de actores sociales que estén por fuera del marco constitucional y legal”.

En calidad de miembro del Comité Minero Energético, iniciativa multiactor colombiana, EPM acoge y aplica lo dispuesto en los Principios Voluntarios, que propone pautas de actuación para las empresas en la relación con la fuerza pública, las agencias de seguridad privada y la sociedad civil, en el desarrollo de sus operaciones de seguridad. En la vía de hacer extensivas estas prácticas a todas las empresas del Grupo EPM, la organización inició este abordaje en 2016 impartiendo directrices a las filiales que operan en Colombia, con el fin de propiciar la implementación de dichos principios de acuerdo con las necesidades de su operación.

Con el fin de hacer un seguimiento continuo a las operaciones en sus zonas de influencia, la organización ha dispuesto mecanismos de quejas y reclamos atentos a Derechos Humanos. A través de estos se monitorea, entre otros asuntos, la gestión de los contratistas de seguridad.

Gestión en 2016

EPM suscribió dos convenios con la Policía Nacional y uno con el Ejército cuyo fin fue la asistencia técnica operativa para fortalecer las condiciones de protección y seguridad requeridas en las instalaciones, la infraestructura y las actividades asociadas a la operación. Estos convenios de colaboración se suscribieron con el Ministerio de Defensa Nacional y en ellos se incluyó explícitamente la obligación de “ser respetuosos de los tratados internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario suscritos por el Estado colombiano, promoviendo su preservación y defensa”.

Es importante resaltar que con la fuerza pública colombiana se desarrollan convenios de cooperación y que no es potestad ni está dentro de las responsabilidades de EPM dar instrucciones de operación a los miembros de la Policía o el Ejército. Sin embargo, acogiendo las recomendaciones del Comité Minero Energético, la organización ha puesto un énfasis explícito en enmarcar en el respeto permanente de los DDHH las operaciones derivadas de estos acuerdos. Con este fin, además de incluir recomendaciones específicas en los convenios, la organización propicia espacios permanentes de seguimiento y análisis con personal de seguridad y comandantes de los distritos de policía y comandantes de batallón de las zonas en las que se tiene presencia con la operación.

A través de la estructura de los convenios con el Ejército, durante 2016 se capacitaron los militares integrantes de brigadas y sus respectivas unidades, quienes además recibieron formación en cursos de instrucción presencial con instructor y formación propia de la institución. Como parte de los convenios con la Policía Nacional, EPM desarrolla permanentemente capacitaciones en Derechos Humanos.

Durante el periodo reportado no se recibieron reclamaciones por incidentes relacionados con Derechos Humanos a través de los canales dispuestos por la empresa.

En lo que respecta a las empresas de seguridad privada, EPM está revaluando el uso de armas de fuego y en su lugar propone como norma general el uso de armas de letalidad reducida, sujeto a la evaluación de riesgos respectiva. Asimismo, se exige a los proveedores el cumplimiento estricto de las disposiciones legales vigentes en Colombia y en especial la regulación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, incluyendo la revisión de los antecedentes del personal empleado por las firmas contratistas. En desarrollo de este trabajo no se encontró información que comprometiera al personal con imputaciones de vulneración en DDHH.

Hasta el mes de agosto del 2016 se contrató con las firmas Segurcol Ltda. y VISE los servicios de vigilancia en todas las sedes de la empresa, con un total de 1,345 guardas empleados, de los cuales el 45% recibió formación en Derechos Humanos por parte de EPM durante el proceso de inducción. A partir de septiembre de 2016 se contrataron servicios con las firmas Interglobal y Colviseg, con una planta de 1,375 guardas, de los cuales el 62% recibió formación en el tema. Sin embargo, en ambos procesos de contratación la cobertura en la capacitación en DDHH se considera del 100%, pues es requisito del contrato que la empresa de vigilancia lo incluya como parte de las capacitaciones, con la verificación permanente de EPM.

Durante el período reportado no se presentaron quejas asociadas a esta labor.

A través del Comité Minero Energético se trabajó con otras empresas del sector y con representantes del Estado colombiano, incluyendo el Ministerio de Defensa, en la definición de criterios para la ejecución de convenios con la fuerza pública de una manera respetuosa de los Derechos Humanos. Asimismo, se elaboró un documento con la identificación de oportunidades, impactos y riesgos del posconflicto en Colombia, asociados con la operación de seguridad de las empresas.

Personal de seguridad capacitado en DDHH
Empresa Personas Horas
EPM 1,451 931
CHEC 111 330
Fuente: Vicepresidencias Suministro y Servicios Compartidos, y Transmisión y Distribución Energía

Palabras Claves

Comité Minero Energético, Convenios con fuerza pública, Formación en DDHH, Principios voluntarios, Vigilancia privada,

Acceso y comprabilidad

Calidad del agua

Clima laboral

Rendición pública de cuentas

Contratación responsable